Aníbal y Escipión en la Guerra Civil de 1891
10/08/2026
Entre los años 1860 y 1890 Chile gozó de una situación de paz interna y de una continuidad institucional que constituía una excepción en el contexto sudamericano. La mayoría de los países de esta región experimentaron durante esas tres décadas golpes de Estado, guerras civiles o cambios en sus constituciones políticas; mientras en Chile la situación fue la contraria. En treinta años hubo una sucesión regular de gobiernos civiles, aun en medio de la Guerra del Pacífico; el régimen político se perfeccionó a través de reformas, el cuerpo electoral creció y aumentaron las libertades individuales, así como también se consolidaron los partidos políticos que se disputaron el poder o se aliaron para ejercerlo, mientras los militares permanecían al margen de las luchas políticas, concentrados exclusivamente en sus funciones profesionales. De esta manera, el prestigio de Chile creció en el concierto internacional.
Esta situación cambió radicalmente al término de la administración de José Manuel Balmaceda (1886-1891). El presidente había asumido el cargo con un gran respaldo político, pero en los años siguientes fue perdiendo ascendiente, se exacerbaron las divisiones internas y se produjo el cisma en el partido liberal de gobierno. La amistad cívica, el diálogo y los consensos se fueron debilitando hasta apagarse. Hacia 1890, el régimen, con minoría en el Congreso, experimentó una creciente polarización política que se manifestó de diversas formas: mientras el presidente reforzaba su autoridad, las cámaras extremaban su poder de fiscalización. La prensa se hizo eco de esta situación incendiando a la opinión pública en una campaña de desprestigio recíproco, que reflejaba un grado de odio político que pronosticaba los peores males para la República; entre estos últimos estaba la posibilidad de una dictadura, el peligro de una revolución o el eventual estallido de una contienda armada.
En el plano militar, durante el gobierno de Balmaceda se vivieron importantes cambios. Uno de ellos fue la modernización o profesionalización del Ejército, pues, aunque había triunfado en la Guerra del Pacífico, se estimaba que no estaba a la altura de las necesidades de la época, razón por la cual durante el gobierno del presidente Domingo Santa María se había impulsado la llegada de una misión alemana liderada por el capitán Emilio Körner, quien encabezó la llamada “prusianización” de la institución. Del mismo modo, Balmaceda se preocupó de la modernización de la Marina y gestionó la adquisición de nuevos navíos.
Los últimos años de la administración Balmaceda terminaron con dolorosas consecuencias para el Ejército y para el país: por una parte, se produjo la politización del Ejército y, por la otra, la militarización de la política; ambos procesos resultarían claves en la división que vivió el país hacia 1890 y el consecuente desarrollo de la Guerra Civil de 1891.
La politización del Ejército significó —esencialmente— que la institución o algunas de sus figuras más relevantes pasaron a ser actores en la política contingente y en las luchas de los partidos, de modo que su actuación no se evaluaba simplemente por razones profesionales, sino que por sus ideas o acciones asociadas a la política. El Ejército, concebido como una institución no deliberante, comenzó a ser parte de la lucha partidista y —en los hechos— sobrepasó su esfera de acción insertándose en el escenario político.
La militarización de la política significó que la división entre el gobierno y el Congreso se acercaba a los cuarteles y amenazaba con perturbar la prescindencia militar. Los actores políticos, en medio de la división que afectaba a Chile, observaron su incapacidad de resolver la crisis por vías institucionales y empezaron a provocar la intervención militar en el conflicto político. Los caminos se fueron cerrando hasta que solo quedaron dos vías: la doctrina de la lealtad incondicional hacia el presidente de la República, aunque este se alejare de sus deberes constitucionales —postura defendida por el propio Balmaceda y sus partidarios—, o bien, que los militares participaran de una rebelión contra el gobierno si este violentaba la Constitución y las leyes —postura patrocinada por la mayoría del Congreso—. El resultado fue todavía más dramático: la división en las filas del Ejército y la Marina, lo que dio paso a la guerra civil.
En la práctica, la politización del Ejército tuvo muchas manifestaciones en el preludio de la contienda y conviene recordarlas. Hacia enero de 1890 se produjo un primer cambio relevante, pues el presidente designó al general José Velásquez como ministro de Guerra. La tendencia al nombramiento de militares aumentó cuando el gobierno designó a importantes jefes militares como gobernadores o intendentes: el coronel Marcial Pinto Agüero asumió como intendente de Cautín, los tenientes coroneles Guillermo Carvallo y Emilio Gana fueron nombrados en Concepción y Linares; y, poco después, el coronel José Miguel Alzérreca asumía como intendente de Santiago.
Esos nombramientos fueron denunciados por la oposición, que estimaba que formaban parte de la lucha electoral, del mismo modo como sentía que eran persecuciones políticas aquellas que el gobierno tenía contra ciertos militares, como los coroneles Estanislao del Canto, José Eustaquio Gorostiaga y el comandante Exequiel Lazo.
La expresión más dramática de la politización del Ejército se produjo hacia fines de año cuando, después de un viaje a Europa, regresó a Chile el general Manuel Baquedano —que para la opinión pública era la encarnación de la victoria en la Guerra del Pacífico— quien recibió un grandioso homenaje cívico. El problema fue que la recepción, en los hechos, fue un gran acto político de la oposición y sirvió para proclamar a Baquedano como defensor de la Constitución, frente a la amenaza que representaba el gobierno de Balmaceda. Aunque se trató de una manifestación que no tuvo mayores consecuencias, sí demostraba que la oposición estaba dispuesta a realizar una última jugada, de carácter militar, para detener el peligro dictatorial que a su juicio representaba el gobierno.
El debate en la prensa constata la división política ya que se hizo eco de los constantes llamados al Ejército —y en menor medida a la Marina—, para resolver el conflicto político en una u otra dirección. Los medios gobiernistas instaban a las instituciones armadas a ser leales a sus deberes de obediencia y no deliberación militar, que las obligaban a subordinarse sin cuestionamientos al presidente de la República. Los medios opositores realizaron una explicación más amplia, argumentando que los militares debían levantarse contra la dictadura que establecería el presidente a partir del 1 de enero de 1891.
Fuente: Ejército de Chille: Un Recorrido por su Historia. Pág. 170-173